El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 328, mediante el cual ordena que el Centro Nacional de Inteligencia emita alertas y reportes sobre posibles riesgos en los procesos de contratación pública del Estado.

La medida establece que el organismo de inteligencia deberá analizar a personas naturales y jurídicas que participen como oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales en contratos con el sector público.

El objetivo es anticiparse a posibles riesgos para la seguridad del Estado, como vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito o injerencia extranjera.

Según el decreto, los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia, antes de adjudicar un contrato, el listado completo de los participantes en el proceso de contratación, incluyendo la estructura societaria y los beneficiarios finales de las empresas involucradas.

Con esta información, la entidad elaborará informes técnicos de riesgo, los cuales servirán como insumo para prevenir posibles amenazas a la seguridad pública, la defensa nacional o el orden constitucional.

El decreto también establece que el ECU 911 deberá facilitar datos de geolocalización y georreferenciación cuando el Centro Nacional de Inteligencia lo requiera para la producción de inteligencia y prevención de amenazas.

Además, se dispone que la Dirección de Control Migratorio de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior se incorpore como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia, con el fin de fortalecer el intercambio de información y las actividades de análisis estratégico.

El Centro Nacional de Inteligencia también deberá emitir protocolos internos para aplicar el decreto y reportar periódicamente al presidente sobre el avance de su implementación.