El Gobierno Nacional ha desembolsado más de $120 millones en compensaciones económicas para transportistas interprovinciales e intraprovinciales, como parte de las medidas adoptadas tras la eliminación del subsidio al diésel.
Este mecanismo fue implementado en septiembre de 2025, luego de que el precio del diésel aumentara significativamente, pasando de aproximadamente $1,80 a cerca de $2,80 por galón, como parte de una reforma para reducir el gasto estatal en subsidios.
Las compensaciones consisten en transferencias mensuales directas a los transportistas, cuyos montos varían según el tipo de servicio y consumo de combustible. En algunos casos, los pagos han oscilado entre $400 y hasta $1.800 por unidad, dependiendo de la modalidad de transporte.
El objetivo de esta medida ha sido evitar un incremento inmediato en las tarifas del transporte público y garantizar la continuidad del servicio, pese al alza en los costos operativos.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de dificultades. Transportistas han reportado retrasos en los pagos, especialmente en las últimas cuotas, lo que ha generado preocupación dentro del sector.
Además, el esquema de compensación tenía un carácter temporal. Inicialmente se estableció por varios meses, pero su continuidad ha sido motivo de negociación entre el Gobierno y los gremios, que insisten en la necesidad de mantener el apoyo o aplicar alternativas como la focalización del subsidio o el ajuste de tarifas.
Incluso, algunos sectores advierten que sin este respaldo económico, la operación del transporte podría volverse insostenible, lo que reabre el debate sobre el costo del pasaje y el modelo de subsidios en el país.
En este contexto, el futuro de las compensaciones sigue en discusión, mientras el Gobierno busca equilibrar las finanzas públicas con la presión social y económica del sector transportista.