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El Gobierno de Ecuador confirmó este miércoles que amplía por una semana más el mecanismo mediante el cual empresas privadas y centros comerciales con capacidad de autogeneración eléctrica venden energía al Estado, en apoyo al Sistema Nacional Interconectado (SNI). La extensión fue anunciada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) ante la necesidad de garantizar estabilidad en el suministro eléctrico nacional.
La medida, que se mantiene vigente tras la evaluación prevista para el 19 de enero, permitirá que las compañías que cuentan con generadores propios sigan inyectando electricidad al sistema mientras las condiciones de generación hidroeléctrica se consolidan tras variaciones recientes en los niveles de agua de los embalses utilizados para la producción de energía.
Desde principios de enero de 2026, varias empresas privadas han desconectado temporalmente del SNI en determinados horarios del día para generar su propia energía y vender parte de esa producción al Estado, bajo coordinación del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), con incentivos establecidos para remunerar esa autogeneración.
Según cifras oficiales del MAE, 176 megavatios (MW) de potencia han sido inyectados al sistema por 159 grupos electrógenos pertenecientes a más de 20 empresas, entre ellas Industrial Pesquera Santa Priscila, Produmar, Limbomar y Pronaca. Este respaldo privado ha sido clave para mitigar brechas de generación en momentos en que la producción hidroeléctrica ha presentado variaciones por factores climáticos.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, había indicado que la continuación del esquema dependería de la evolución de los niveles de agua en embalses como el de Mazar, cuya cota ha mostrado fluctuaciones desde principios de enero, influyendo en la producción de energía hidroeléctrica disponible. Los datos oficiales sobre caudales y niveles son publicados de manera regular por Celec EP y Cenace.
El MAE no fijó una fecha concreta de finalización para la compra de energía al sector privado, aunque señaló que la extensión será revisada en función de la mejora progresiva de la generación hidroeléctrica y la estabilidad del sistema. El mecanismo se mantiene como una solución temporal de respaldo energético mientras el país transita hacia mayor disponibilidad de energía renovable y nuevas inversiones en generación.
La participación de empresas privadas en la provisión de energía obedece a regulaciones que permiten a generadores con capacidad de autogeneración vender excedentes al SNI, complementando los esfuerzos del sector público para asegurar la continuidad del servicio en todo el territorio. Este modelo se inserta en un marco más amplio de políticas que buscan fortalecer la matriz energética ecuatoriana, con proyectos que incluyen generación distribuida, energías renovables y ampliación de la capacidad instalada a través de contrataciones reguladas.
