El ministro de Trabajo, Harold Burbano, aclaró que el Gobierno no volverá a realizar un proceso de desvinculaciones masivas, luego de que en 2025 se separara a cerca de 5.000 servidores públicos en diferentes instituciones del Estado.
“Personalmente le puedo decir al país (…) que no va a haber un proceso de desvinculaciones masivas. Eso no está dentro de la política del Estado, de la política del presidente Daniel Noboa”, enfatizó el funcionario.
Burbano señaló que tanto la Asamblea Nacional como el Ministerio de Trabajo han provisto herramientas legales para que cada entidad pública tome decisiones internas con mayor agilidad y autonomía respecto a sus relaciones laborales. Lo que se presentó públicamente como un proceso masivo, afirmó, fue en realidad la aplicación de estas herramientas.
El ministro explicó que anteriormente los sumarios administrativos eran demasiado rígidos y se tramitaban casi exclusivamente en el Ministerio de Trabajo, donde los procesos podían tardar años o caducar.
La nueva normativa otorgó a cada institución la potestad de gestionar y resolver sus propios sumarios, lo que permitió concretar terminaciones laborales que antes no podían ejecutarse.
Actualmente, según Burbano, se está “rearticulando la normativa” tanto para el sector público como para el privado, con el propósito de garantizar relaciones laborales más justas, dignas y equilibradas.
Presupuesto 2026 y reformas en debate
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, aprobado por un monto de $46.255 millones, refleja apenas una reducción del 0,30 % en el gasto de personal, pasando de $10.099 millones en 2025 a $10.079 millones para el próximo año.
Esto evidenciaría que, pese al recorte de 2025, no hubo una disminución significativa en la masa salarial del Estado.
En paralelo, la Asamblea Nacional tramita un proyecto de ley que busca revivir reformas laborales que estaban contempladas en la derogada Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Entre los puntos que se pretende recuperar está la implementación de un sumario administrativo oral y motivado, en el que las unidades de talento humano podrán determinar faltas graves e imponer sanciones disciplinarias.
El proyecto, denominado “Ley orgánica reformatoria a varias leyes para el fortalecimiento del trabajo en el sector público y privado y de sus organizaciones sindicales”, avanzó hasta el informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Derecho al Trabajo y Seguridad Social.
Sin embargo, la sesión del pleno convocada para el 26 de noviembre fue suspendida y hasta ahora no ha sido retomada.
Postura del Ministerio de Trabajo
Ante la posibilidad de establecer normas declaradas inconstitucionales, Burbano afirmó que conoce el contenido en discusión y que la intención no es insistir en aspectos ya descartados por la Corte Constitucional.
“Hay un ánimo justo de poder generar mejores regulaciones. Y lo que salga de la Asamblea sale del poder más democrático que pueda existir en el país; y si luego la Corte Constitucional dice otra cosa, aceptaremos lo que diga”, puntualizó.
