El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en nueve provincias del país y cuatro cantones, debido a una grave conmoción interna. La medida fue oficializada la noche del 2 de abril de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 353 y tendrá una vigencia de 60 días.

La disposición abarca a Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar). En estas jurisdicciones se aplicarán acciones extraordinarias orientadas a reforzar la seguridad y el control del orden público.

Entre las principales medidas, el decreto suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esto permitirá a la fuerza pública ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de presencia de grupos armados organizados o de actividades vinculadas a la delincuencia, así como la incautación de armas, municiones u otros elementos relacionados con posibles delitos.

El documento establece que estas intervenciones deberán realizarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales. En el caso de la correspondencia, se autoriza la recopilación y análisis de información únicamente cuando sea indispensable para prevenir amenazas, con informes previos que justifiquen cada acción.

Asimismo, el Ejecutivo dispuso la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas afectadas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. De manera excepcional, también se contempla la requisición temporal de bienes y servicios lícitos que resulten necesarios para garantizar las operaciones de control y restablecer el orden público.