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El Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció este martes la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países que figuran en la lista oficial de prohibición de viajes, una medida que congela el procesamiento de tarjetas verdes y de ciudadanía estadounidense.
La decisión impacta a migrantes provenientes de países como Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia, entre otros, catalogados por el Gobierno norteamericano como naciones con “alta inestabilidad política y económica”.
La medida fue confirmada por Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), quien explicó que el objetivo es garantizar que “quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho”.
La suspensión incluye procesos de residencia permanente, solicitudes de naturalización y otros trámites migratorios, todos bajo supervisión del USCIS.
Cancelación de entrevistas y ceremonias
Abogados especializados en inmigración reportaron que numerosas entrevistas y ceremonias de naturalización fueron canceladas sin previo aviso, generando angustia, confusión y desesperación entre los solicitantes.
Varios inmigrantes, que llevaban meses o incluso años esperando su proceso, se enteraron de la suspensión únicamente cuando acudieron a las oficinas del USCIS, donde no recibieron explicaciones formales ni instrucciones sobre cómo proceder.
Contexto de mayor control migratorio
La decisión se enmarca dentro de una política de endurecimiento migratorio impulsada por la actual administración, tras recientes incidentes de seguridad nacional, entre ellos el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, presuntamente perpetrado por un ciudadano afgano con estatus de asilo.
Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada podrían afectar a más de 1,5 millones de personas con solicitudes de asilo pendientes, así como a más de 50.000 extranjeros que ya habían obtenido protección durante la administración del expresidente Joe Biden.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que estas medidas podrían provocar una crisis humanitaria y miles de procesos migratorios estancados por tiempo indefinido.
