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El Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), concedió la licencia ambiental al proyecto minero La Plata, propiedad de la Compañía Minera La Plata S.A., una subsidiaria de la canadiense Atico Mining Corporation. La resolución habilita el inicio de los trabajos de construcción de la mina subterránea, una etapa clave antes de la operación minera.
El área abarcada por el proyecto comprende 2 222 hectáreas distribuidas entre las parroquias Palo Quemado y Las Pampas (cantón Sigchos, Cotopaxi) y Alluriquín (cantón Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas); sin embargo, la explotación directa se concentrará en cerca de 144 hectáreas del terreno concesionado.
La iniciativa contempla la extracción principalmente de cobre, junto con oro, plata y zinc, con una inversión estimada en al menos USD 160 millones y una vida útil proyectada de ocho años. Las operaciones de construcción comenzarían en el tercer trimestre de 2026, con expectativas de inicio de producción para finales de 2027.
Pese a la autorización oficial, organizaciones indígenas, ambientalistas y colectivos sociales han expresado su rechazo al proyecto, señalando que el proceso de consulta ambiental no contó con un consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades afectadas, un derecho reconocido tanto en la normativa ambiental ecuatoriana como en estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas.
Este rechazo se sustenta en que, aunque el MAE avala la consulta como ajustada a la ley, varios sectores locales sostienen que el proceso fue incompleto o sesgado, y que no se garantizó una participación plena de todos los habitantes de la zona de influencia.
El proyecto La Plata forma parte de una agenda más amplia de desarrollo del sector minero formal en Ecuador, impulsada por el Gobierno como fuente de inversión extranjera, generación de empleo y diversificación de la economía nacional. No obstante, el tema ha sido punto de tensión social y ambiental, con denuncias previas de protestas en la localidad de Palo Quemado y tensiones entre pobladores y fuerzas del orden durante procesos de socialización de la minería.
En los próximos meses, el avance del proyecto será seguido de cerca tanto por sus promotores como por los sectores que advierten sobre los posibles impactos ambientales, especialmente en recursos hídricos, suelos agrícolas y modos de vida tradicionales en las áreas rurales implicadas.
