El Gobierno ecuatoriano anunció la compra de 5.000 nuevos grilletes electrónicos como parte de su estrategia de control y seguimiento a personas procesadas que reciben medidas alternativas a la prisión preventiva.

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien indicó que estos dispositivos son más modernos, seguros y provienen de compañías de alto nivel tecnológico.

Según el funcionario, los grilletes podrían estar disponibles en el país en un plazo de una a dos semanas, aunque no se detalló el proveedor ni el monto total de la contratación.

Uno de los puntos que ha generado mayor polémica es la propuesta del Gobierno de que el costo de estos dispositivos sea asumido por los propios usuarios. “Los ecuatorianos no lo van a pagar… lo va a pagar el portador del grillete”, afirmó el ministro, sugiriendo que quienes no puedan cubrir el valor deberían permanecer en prisión.

Sin embargo, esta iniciativa enfrenta cuestionamientos legales. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las medidas alternativas a la prisión preventiva deben ser dictadas por un juez bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, y no contempla el cobro por el uso de grilletes electrónicos.

Especialistas en derecho penal advierten que para implementar este mecanismo sería necesaria una reforma legal aprobada por la Asamblea Nacional, ya que imponer un pago podría vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley.

Actualmente, los grilletes electrónicos se utilizan en Ecuador como una medida cautelar para garantizar que los procesados cumplan con disposiciones judiciales, evitando su ingreso a centros penitenciarios y contribuyendo a reducir el hacinamiento carcelario.

El anuncio se da en medio de un contexto de crisis de seguridad y presión sobre el sistema penitenciario, donde el Gobierno busca alternativas para fortalecer el control judicial sin depender exclusivamente de la prisión preventiva.