Tras la divulgación de documentos oficiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que contienen nuevos lineamientos para la acreditación, evaluación y gestión de medios de comunicación y periodistas, varias organizaciones nacionales e internacionales expresaron preocupación y rechazo por lo que consideran una restricción ilegítima a la libertad de expresión y el derecho a la información en Ecuador.
Según lo difundido, la disposición —firmada el 28 de enero de 2026 por el jefe del Comando Conjunto— contempla una matriz de evaluación con criterios editoriales, historial de cobertura y postura institucional para decidir qué medios podrán cubrir actos oficiales o comunicados de las Fuerzas Armadas.
Críticas de organizaciones defensoras de derechos
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) señaló que condicionar el acceso a la información pública y a eventos oficiales según el contenido editorial de los medios constituye un acto de censura previa y es incompatible con la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó profunda alarma por estos lineamientos, al considerar que instauran un “sistema de control y exclusión” que permitiría evaluar la cobertura periodística en función de criterios subjetivos y condicionar así el acceso de la prensa a la cobertura pública.
Asimismo, Human Rights Watch (HRW) denunció que esos parámetros constituyen un ataque a la libertad de expresión e información, al restringir la acreditación de medios o periodistas que mantengan posiciones consideradas “contrarias” o “perjudiciales para la imagen institucional” de las Fuerzas Armadas.
Reacción institucional
Ante las críticas, las Fuerzas Armadas de Ecuador emitieron un comunicado aclaratorio en el que precisan que los lineamientos buscan regular la acreditación y el acceso de los medios en actos institucionales, aunque insisten en que no pretenden restringir el ejercicio periodístico ni el derecho a la información de la ciudadanía.
La institución señaló que estos criterios son parte de su potestad de comunicación interna, aunque el alcance, aplicación y transparencia de dichas reglas siguen generando debate en el ámbito público y jurídico.