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Funcionarios del Ministerio de Salud Pública formaban parte de estructura delictiva para obtención de carnés de discapacidad Funcionarios del Ministerio de Salud Pública formaban parte de estructura delictiva para obtención de carnés de discapacidad
Un carné de discapacidad se tramitaba en menos de 24 horas. Al menos eso se leía en anuncios que se divulgaban por redes sociales.... Funcionarios del Ministerio de Salud Pública formaban parte de estructura delictiva para obtención de carnés de discapacidad

Un carné de discapacidad se tramitaba en menos de 24 horas. Al menos eso se leía en anuncios que se divulgaban por redes sociales. “Totalmente garantizado”, “100% confiable y rápido” eran frases incluidas como parte de las ofertas.

Los sospechosos se identificaban como funcionarios del Ministerio de Salud y hacían las negociaciones de forma interna con los interesados. A través de mensajes de Whatsapp, explicaban que tenían ayuda de médicos de Guayaquil para avalar el carné en el Ministerio “sin problemas”.

Además, les informaban los beneficios que podían tener con las credenciales: “Puedes traer carros de lujo del extranjero a precios cómodos. También te sirve para pagar menos impuestos”, decían.

Toda esta información es ahora parte de los dos procesos judiciales que la Fiscalía abrió por la emisión fraudulenta de carnés de discapacidad. La primera investigación comenzó hace una semana. Agentes de la Fiscalía y de la Policía detuvieron en Guayaquil a seis personas, acusadas de asociación ilícita.

En poder de los detenidos se encontraron informes médicos. Esta pista llevó a los agentes a determinar los nombres de los funcionarios que estarían involucrados. Tres días después del primer operativo, la Fiscalía anunció la apertura de la segunda investigación por delincuencia organizada.

Los agentes que llevan ese proceso dicen que están tras la pista de al menos cuatro trabajadores del Estado implicados. Entre ellos médicos y personal administrativo de cuatro unidades del Ministerio de Salud.

Los agentes dicen que en un principio se creía que cada carné se ofertaba hasta en USD 1 300, pero tras la primera semana de indagaciones ya tienen información que pedían hasta USD 3 500. Ese dinero era repartido entre los miembros de una gran cadena de involucrados. En el proceso intervenían los tramitadores. Ellos recibían los pedidos por redes sociales y se encargaban del cobro y de los pagos a funcionarios administrativos. Estos últimos validaban los informes médicos con doctores y hacían la gestión para que el papeleo no tuviera trabas en el proceso. Los médicos que firmaban los certificados y las credenciales también re¬cibían su parte, señalan los agentes.

De hecho, los investigadores dicen que los médicos se llevaban la mayor parte de las transacciones fraudulentas. Eran quienes emitían los informes sobre las discapacidades. Entre las dolencias que más se han detectado están problemas de audición y vista, desviación de la columna, enfermedades en las rodillas y otras.

Por eso, las credenciales fraudulentas superaban el 40% de discapacidad. Un ejemplo es el caso de Daniel Salcedo, involucrado en las investigaciones por actos de corrupción de los hospitales de Guayaquil. Tiene un carné con el 41% de discapacidad. Información oficial del Ministerio de Salud revela que lo obtuvo en febrero del 2018, en un centro médico ubicado en el Suburbio de Guayaquil.

Ahora los agentes indagan a la doctora que emitió el certificado y a otros servidores de esa unidad de salud. Lo mismo ocurre con otra médica que laboró en otro centro de salud de Guayaquil. Los agentes dicen que las dos funcionarias aprobaron más de 1 000 credenciales en los últimos años. Pero ellas no serían las únicas.

El Ministerio de Salud indaga a otros funcionarios y hablan de 3 000 carnés emitidos de forma fraudulenta. Por eso, fiscales, policías y autoridades de salud comparten información en los dos procesos judiciales.

Pese a todos estos indicios, la Fiscalía aún no ha procesado a los burócratas investigados, pues el caso se maneja como una investigación previa y reservada. Lo único que los agentes sí han comunicado es que el dinero de las transacciones ilegales es rastreado por los investigadores.

A través de informes bancarios, por ejemplo, han descubierto que los pagos irregulares a los tramitadores y personal médico se hacían por medio de transferencias bancarias o efectivo. Para descubrir esta parte de la estructura ilícita, la Fiscalía rastrea los nexos entre los tramitadores y los funcionarios públicos. A ellos se les incautaron celulares, computadoras y documentos con registros de los nombres de supuestos clientes y de los médicos. Los agentes sospechan que en este caso confluyen otros delitos, como lavado de activos.

La Fiscalía solicitará en los próximos días el permiso de un juez para extraer la información de los dispositivos electrónicos incautados. La diligencia será reservada.

Fuente: El Comercio