Una nueva controversia golpea al Ejecutivo con la renuncia irrevocable de Christian Marín, director regional de Trabajo de Quito, quien acusó al ministro del Trabajo, Harold Burbano, de haber ingresado a su despacho de manera “altanera y prepotente” para exigirle que levantara un impedimento para ejercer función pública aplicado a un funcionario que, según afirmó, sería designado como nuevo Ministro de Gobierno.
Marín explicó que dicha solicitud no era de su competencia, no podía ejecutarse mediante órdenes verbales y, además, podría constituir una infracción grave. Sostuvo que la presión presuntamente ejercida por el ministro podría configurar tráfico de influencias, de acuerdo con el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El exdirector también advirtió presuntas faltas relacionadas con abuso de facultades, extralimitación de funciones y uso indebido de poder público, conductas tipificadas como infracciones a la Ley de la Contraloría General del Estado.
Marín informó que dejó constancia formal de los hechos ante la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría, abriendo así un nuevo frente de tensión institucional dentro del Gobierno.
