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El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió una disposición administrativa mediante la cual establece la exclusión de medios de comunicación y periodistas de actividades, eventos y coberturas institucionales, cuando considere que sus contenidos afectan la imagen pública de la institución o menoscaban la confianza ciudadana.
Según el documento, que entró en vigencia el 28 de enero, la restricción se aplicará a quienes, bajo el criterio de la entidad militar, difundan información considerada negativa o perjudicial para la reputación de las Fuerzas Armadas, sin que se detallen parámetros objetivos, mecanismos de apelación o instancias de revisión de dicha decisión.
Alcance de la disposición
La medida implica que los comunicadores o medios señalados no podrán acceder a ruedas de prensa, operativos, actos oficiales ni información institucional, lo que limita su posibilidad de cobertura directa de temas relacionados con seguridad y defensa.
Hasta el momento, el Comando Conjunto no ha precisado públicamente qué tipo de publicaciones serían consideradas como causales de exclusión ni cómo se notificará a los medios afectados.
Reacciones y preocupación
La disposición ha generado preocupación en sectores periodísticos y de derechos humanos, que advierten posibles afectaciones a la libertad de prensa, al derecho a la información y al ejercicio del periodismo crítico, especialmente en un contexto de alta sensibilidad nacional en temas de seguridad.
Expertos señalan que las instituciones públicas están sujetas al escrutinio ciudadano y mediático, y que cualquier restricción al acceso a información debe estar claramente sustentada en la ley y respetar estándares constitucionales e internacionales.
Ecuador atraviesa un periodo marcado por operativos militares y policiales permanentes, por lo que el acceso a información oficial resulta clave para el seguimiento ciudadano, la rendición de cuentas y la transparencia institucional.
Con información de: Ecuavisa.
