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En un operativo militar coordinado de alta intensidad, las Fuerzas Armadas del Ecuador lograron este lunes la destrucción de 26 campamentos de minería ilegal en diversos sectores del cantón Sígsig, en la provincia andina del Azuay.
La intervención fue ejecutada por un contingente de más de 1 000 militares, quienes actuaron de forma simultánea en zonas estratégicas como Culebrillas, Infiernillos, Ayllón, Santa Bárbara, Gallos, Llapyn y Ventanillas, cubriendo un área aproximada de 34 kilómetros cuadrados. Las acciones incluyeron patrullajes terrestres y aéreos con el objetivo de retomar el control territorial y afectar las estructuras logísticas de las redes de minería ilegal.
Según el informe oficial del Ministerio de Defensa, la operación provocó un “golpe económico significativo a las estructuras criminales” dedicadas a la extracción ilícita de minerales, calculado en más de $2 millones solo en el área intervenida.
Las Fuerzas Armadas incautaron e inutilizaron una importante cantidad de maquinaria y materiales utilizados en las labores mineras ilegales, entre ellos:
3 puestos de vigilancia
8 retroexcavadoras
14 dragas
21 cargas explosivas y 21 mechas lentas
60 m de cordón detonante
17 cápsulas de emulsión
23 generadores de energía
1 125 galones de combustible
1 antena satelital y 1 panel solar
La destrucción de estos campamentos se da en el marco de una estrategia nacional de combate a la minería ilegal, que ha incluido operaciones similares en distintas provincias del país y que las autoridades describen como parte integral de sus esfuerzos por proteger fuentes de agua, preservar ecosistemas y debilitar economías criminales que causan contaminación y daños ambientales severos.
El gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez, anunció además que se intensificarán las acciones de control y vigilancia permanente, incluyendo el posible cierre de vías de acceso a zonas de minería ilegal para evitar la reaparición de campamentos clandestinos y reducir la presión sobre ecosistemas críticos.
La minería ilegal en Sígsig, especialmente a lo largo del río Santa Bárbara, ha sido un problema persistente que ha impactado no solo el medio ambiente sino también la seguridad y economía local, por lo que este resultado representa un avance significativo en los esfuerzos oficiales por frenar la proliferación de actividades extractivas no autorizadas.
