La Fiscalía General del Estado presentará más de 110 testigos y peritos durante el juicio del denominado caso Triple A, proceso en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles en Ecuador.
Según el dictamen acusatorio, el delito habría sido cometido a gran escala, lo que implicaría penas de hasta tres años de prisión conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En este proceso están involucradas 22 personas, entre naturales y jurídicas, acusadas de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico al Estado por estas operaciones alcanzaría aproximadamente 61,5 millones de dólares, relacionados con la presunta comercialización irregular de más de 22 millones de galones de diésel y gasolina.
Entre los procesados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con otras personas y varias empresas vinculadas al sector de comercialización de combustibles.
Las investigaciones se iniciaron en julio de 2024 tras una denuncia sobre inconsistencias entre el combustible despachado por la estatal petrolera y el volumen comercializado por varias compañías investigadas.
