Fiscalía pide para Jorge Glas y Carlos Bernal la pena de 13 años de cárcel

La pena máxima para el delito de peculado, es decir, trece años de cárcel, es la sentencia que solicitó el fiscal general encargado, Wilson Toainga, para Jorge Glas, exvicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y para Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción, procesados dentro del caso Reconstrucción de Manabí.

Toainga sostuvo que luego de cinco días de audiencia de juzgamiento no existe duda del abuso ejercido por Jorge Glas y Carlos Bernal al dinero que los ecuatorianos entregaron a fin de procurar los derechos de medicina, salud, educación, vivienda y reactivación económica para la población en las zonas gravemente afectadas a consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, al viabilizar la priorización de varios proyectos ajenos al objeto de la Ley de Solidaridad.

Ese análisis fue parte del alegato de cierre del fiscal Toainga dentro del juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí, proceso penal en el que Glas y Bernal son acusados de ser los autores del delito de peculado. El Tribunal de Juicio está integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Javier de la Cadena.

A decir de Toainga, a través de esta audiencia se ha podido apreciar que el delito de peculado no comprende únicamente ni exclusivamente conductas de apropiación, distracción ni disposición arbitraria de fondos públicos, sino también que este delito puede cometerse a través de conductas de abuso de dineros públicos por parte de funcionarios que han utilizado de manera indebida e inadecuada los recursos económicos pertenecientes al Estado recaudados por la Ley de Solidaridad, contrariamente a los fines por los cuales fueron asignados.

“Precisamente el concepto de uso indebido es lo que define el término abusar, que contempla el verbo rector del tipo penal de peculado”, explicó el fiscal general.

Los proyectos analizados por la Fiscalía que fueron declarados prioritarios, que a decir de la instancia acusadora no tenían esa calidad y se construyeron por intereses particulares con los fondos para las víctimas del terremoto de 2016, fueron el acceso a Bahía de Caráquez, puente sobre el río Jama, derrocamiento y demolición de escombros y puente sobre el río Mataje, hechos ejecutados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de las subsecretarías zonales 4 y 1, respectivamente; cuatro facilidades pesqueras en San José de Chamanga, Cojimíes, Arenales de Crucita y Puerto López, y el Espigón de Sacrificio del Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo, en cuya ejecución intervinieron entidades como Inmobiliar.

“El cumplimiento del tipo penal de peculado ha resultado más que evidente, pues con claridad se ha podido identificar las obras, la priorización injusta y abusiva, el control de dichas decisiones que se fundaba sobre los ahora procesados, el sinnúmero de construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias. Finalmente, el nulo respeto a la Ley de Solidaridad y normas de contratación pública”, anotó Toainga .

Para la Fiscalía no existen dudas de que todos estos hechos ilícitos fueron cometidas con pleno conocimiento y voluntad de los ahorros procesados. Toainga refirió que el panorama completo de los hechos brinda con seguridad plena la presencia del dolo en todas las conductas abusivas, de priorizaciones llevadas a cabo en los hechos que aquí se juzgan, considerando además la lucidez y ubicación en espacio temporal con los cuales los procesados han expuesto ante este Tribunal sus intervenciones como miembros del Comité de Reconstrucción.

Fiscalía pide se ordene una reparación integral de más de $ 225 millones

Además de la declaratoria de culpabilidad y la pena máxima de cárcel solicitadas, el fiscal Wilson Toainga pidió que a los dos procesados se les imponga el pago de 70 Salarios Básicos Unificados, esto es $32.900, los mismos que deberán ser depositados en las cuentas del Tesoro Nacional del Banco Central del Ecuador.

En relación a la reparación integral, la Fiscalía solicitó que en sentencia se condene al pago de $ 225.325.910, 92, los cuales tendrán que ser entregados a favor de la Procuraduría General del Estado.

En cambio, sobre la reparación inmaterial a la víctima se pidió se disponga la publicación y difusión de la sentencia que declara la culpabilidad de los procesados en las páginas web de la Vicepresidencia de la República y de los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Manabí y Esmeraldas. También la publicación y difusión de la parte resolutiva de la sentencia que declara la culpabilidad en un medio de comunicación masiva, sea escrito, radial o televisivo, de difusión nacional durante tres días consecutivos, y las disculpas públicas de los sentenciados ante el juez de ejecución en la fecha y hora que se señale para el efecto.