La Fiscalía General del Estado explicó que el allanamiento realizado en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) se ejecutó tras una solicitud de acto urgente presentada por la Policía Nacional.
Según la entidad, la información recibida —de carácter reservado— advertía que Segura EP estaría difundiendo imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia a un servidor externo, cuyo origen aún no ha sido confirmado por las autoridades.
Tras la intervención, la Fiscalía señaló que “se levantaron indicios” que forman parte del proceso investigativo en curso. No obstante, aclaró que no se registraron personas detenidas durante el operativo efectuado la noche del domingo 15 de febrero.
El allanamiento se realizó en las instalaciones de Segura EP, ubicadas en la ciudadela Martha de Roldós, al norte de Guayaquil, con la presencia de un contingente de policías armados y del ministro del Interior, John Reimberg.
El titular del Ministerio del Interior anunció que la entidad municipal sería intervenida por el Gobierno, argumentando el incumplimiento de un acuerdo ministerial que obligaba a Segura EP a mantener el almacenamiento de la información en sus propias instalaciones y no en manos de terceros privados.
Reimberg aseguró que actualmente la información de las cámaras estaría bajo control de un privado, lo que representa un riesgo para la seguridad ciudadana. Añadió que la medida se mantendrá hasta garantizar que la población pueda vivir sin temor.
“El Estado no va a ceder la ciudad al crimen organizado”, enfatizó el ministro, al justificar la intervención y el control asumido sobre la infraestructura de seguridad municipal.
