La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra nueve personas por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso “Emporio Presidiario”, vinculado a la empresa Lafattoria, proveedora de alimentos en cárceles del país hasta junio de 2024.
El proceso está a cargo de la Fiscalía Antilavado de Activos y unidades especializadas de la Policía, que investigan una presunta estructura financiera que habría operado entre 2017 y 2025. Según las autoridades, esta red habría movilizado cerca de $ 1.500 millones en el sistema financiero y generado un perjuicio al Estado de aproximadamente $ 110 millones.
De acuerdo con la tesis fiscal, empresas como Provisali y Lafattoria habrían sido utilizadas como fachada para el lavado de dinero, apoyadas por otras compañías que formaban parte de un entramado empresarial.
Entre los señalados figura una estructura que incluía depósitos realizados por personas sin relación comercial con las empresas, incluso privados de libertad con antecedentes penales, así como transferencias vinculadas al entorno de individuos relacionados con casos de crimen organizado.
Las investigaciones también apuntan a que el esquema habría utilizado múltiples empresas y movimientos financieros para ocultar el origen ilícito del dinero, en una red que podría ampliarse en los próximos días con nuevas vinculaciones y detenciones.
Un juez dictó prisión preventiva para los nueve procesados, quienes fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral mientras se desarrolla la instrucción fiscal.
Por su parte, la defensa de Lafattoria ha señalado que aún no ha sido notificada oficialmente sobre los cargos y considera que las acusaciones carecen de sustento, a la espera de conocer los detalles del proceso.
La Fiscalía no descarta que el caso se amplíe, debido a la magnitud de la presunta red y los vínculos detectados con otras estructuras económicas y delictivas.
