La Fiscalía General del Estado presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura contra tres jueces que dejaron sin efecto la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada.

El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, interpuso la acción el 10 de abril de 2026, señalando un presunto “error inexcusable” en la decisión judicial adoptada por los magistrados.

Los jueces denunciados son Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, integrantes del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, quienes emitieron el fallo que revocó la medida de prisión preventiva contra Álvarez.

Esta decisión generó una fuerte reacción de la Fiscalía, que considera que el tribunal habría incurrido en irregularidades al modificar la situación jurídica del alcalde, quien enfrenta una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

El caso Goleada es uno de los procesos judiciales más relevantes del país en la actualidad, en el que también están involucrados familiares y personas cercanas al entorno del alcalde.

Por su parte, sectores del ámbito judicial han advertido que este tipo de denuncias podría interpretarse como una presión hacia la independencia de los jueces, lo que ha abierto un nuevo debate sobre la relación entre Fiscalía y sistema judicial.

Este nuevo episodio se suma a la serie de controversias que rodean el caso, incluyendo apelaciones, cuestionamientos a las decisiones judiciales y denuncias cruzadas entre las partes involucradas.

La Judicatura deberá ahora analizar la denuncia y determinar si existen méritos para sancionar a los magistrados, lo que podría derivar en consecuencias disciplinarias dentro del sistema judicial ecuatoriano.