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La fiscal Ana Hidalgo, a cargo de la acusación en el caso Magnicidio FV, aseguró que está plenamente definida la competencia judicial para conocer el proceso penal en el que se investiga a los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Según la representante de la Fiscalía General del Estado, el caso debe ser tramitado por jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, en el Distrito Metropolitano de Quito, y no corresponde su traslado a una judicatura especializada en corrupción y crimen organizado.
La postura de la Fiscalía se da luego de que la jueza Daniela Ayala, horas antes de presentar su excusa para continuar conociendo la causa, solicitara a la Fiscalía justificar por qué, pese a haber pedido la vinculación de presuntos líderes de grupos de delincuencia organizada, no se había solicitado la inhibición de los jueces ordinarios.
Ayala hizo referencia a la intención de vincular al proceso a Wilmer Chavarría, alias “Pipo”; Esteban Aguilar, alias “Lobo Menor”; y Carlos Arboleda, alias “Gordo Luis”, identificados como cabecillas del GDO Los Lobos. Dicha diligencia estaba prevista para el 24 de diciembre de 2025, pero fue diferida por decisión del juez Geovanny Freire para el 28 de enero de 2026.
En una providencia notificada el 14 de enero, Ayala señaló que la difusión mediática sobre la supuesta calidad de líderes de delincuencia organizada de los procesados constituía un nuevo elemento que podría incidir en la determinación de la competencia, por lo que pidió a la Fiscalía que sustente su decisión o, de ser el caso, solicite el traslado a jueces especializados.
La magistrada sostuvo que, de confirmarse la vinculación de líderes de un grupo criminal organizado, la causa debería pasar a conocimiento de la Unidad Judicial Especializada en Anticorrupción y Crimen Organizado, y no permanecer en la jurisdicción ordinaria.
Sin embargo, en su respuesta, la fiscal Hidalgo fue enfática al señalar que el pedido de la jueza vulnera los principios de inmediación y dispositivo, y recalcó que el delito investigado es asesinato, una infracción que no cumple con los presupuestos legales para ser conocida por una judicatura especializada.
La Fiscalía argumenta que el asesinato no forma parte del catálogo de delitos asignados a las unidades especializadas en corrupción y crimen organizado, ni reúne las circunstancias concurrentes que exige la ley para modificar la competencia judicial.
“Queda totalmente claro para la Fiscalía General del Estado que el conocimiento de la presente causa, que se sustancia por el presunto delito de asesinato, es de competencia de uno de los jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del DMQ”, señala el escrito firmado por Hidalgo.
Además, la fiscal cuestionó que la jueza haya sustentado su análisis en artículos de prensa y no en los elementos procesales presentados formalmente por las partes, lo que —a criterio del Ministerio Público— no corresponde al debido proceso.
El debate sobre la competencia judicial se suma a una serie de incidentes procesales que han marcado el avance del caso Magnicidio FV, uno de los procesos penales más sensibles y relevantes de los últimos años en el país.
