La titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar Méndez, reaccionó ante la reciente convocatoria de la Comisión de Fiscalización a que comparezca para que dé detalles de las presuntas conversaciones obtenidas del teléfono celular de Fernando Villavicencio (+) por activistas políticos y candidatos a cargos públicos. Ella advirtió del interés por conocer su ubicación. “Esa información es interesante para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia”, sentenció.
Este jueves, 19 de diciembre de 2024, se divulgó un comunicado en las redes sociales, suscrito por la fiscal general, Diana Salazar, en el que alerta de un interés desde la bancada del correísmo de la Revolución Ciudadana (RC) de llamarla a comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
La autoridad confirmó que ha llegado a sus 40 semanas de embarazo y su ubicación es reservada.
No obstante, desde la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre Zambonino, se solicitó su comparecencia, por lo que requerían “obtener sus datos de ubicación y estatus”.
Esto a propósito de que se abrió un proceso de fiscalización en el interior de la Comisión, respecto de lo que serían posibles conversaciones obtenidas del teléfono celular del político Fernando Villavicencio Valencia, asesinado el 9 de agosto de 2023 por sicarios, mientras hacía campaña electoral para los comicios generales anticipados.
El miércoles 18 de diciembre, Aguirre convocó a una sesión para recibir en comisión general a su coidearia, la candidata a asambleísta de la RC Priscila Schettini y a su esposo, el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por un delito sexual, para escuchar sus opiniones sobre esta filtración.
Dichas conversaciones habrían sido divulgadas en un enlace de internet que fue difundido por Schettini y la candidata a jueza de la Corte Constitucional (CC) Angélica Porras Velasco, nominada por la bancada del correísmo al concurso público que realiza una Comisión Calificadora para elegir a tres jueces constitucionales.
Para esta comisión general, Pamela Aguirre llamó a la fiscal Salazar a presentarse, pero ella no asistió. La legisladora indicó que volverá a convocarla para “conocer la verdad” sobre estos hechos, recoge un boletín de prensa de la Asamblea Nacional.
La fiscal se preguntó: ¿Desde cuándo es importante para la opinión pública? que se sepa en dónde está, cita su misiva.
“Ciertos asambleístas han hecho sus cálculos. Saben que en diciembre cumplí mis 40 semanas de embarazo y conocen las consecuencias del nacimiento. Sin embargo, nuevamente han empezado con sus llamados a comparecencias. No suficiente con eso, en sus últimas declaraciones, la señora asambleísta que dice ‘promover el bienestar del recién nacido y de su madre’, finalmente ha dejado ver su verdadero interés: conocer mi ubicación”, desveló Salazar.
Añadió: Lo que está claro es que “esta información es interesante para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia. (…) A veces parecería que desde ciertos movimientos tuvieran como objetivo hacerles el trabajo más fácil, como ha venido ocurriendo en todo este tiempo, porque resulta que es más importante mi ubicación que la de los procesados del caso Metástasis, que continúan prófugos”, ejemplificó la autoridad.
