El fiscal general subrogante del Estado, Carlos Alarcón, rechazó este martes que los procesos penales conocidos como caso Triple A y caso Goleada sean una persecución política contra los involucrados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aseguró que se trata de investigaciones distintas que analizan diferentes tipos penales, y que la Fiscalía actúa conforme al debido proceso.
Diferencias entre los dos casos
Caso Triple A:
Según Alarcón, este proceso se centra en el tráfico ilegal y almacenamiento de hidrocarburos sin autorización en diferentes zonas del país, especialmente en la frontera. En esta causa hay 22 personas investigadas, incluyendo a Aquiles Álvarez y su hermano Antonio, y se espera que el 7 de marzo de 2026 se instale en Quito la audiencia de juzgamiento ante un Tribunal Anticorrupción.Caso Goleada:
Se trata, en cambio, de una investigación por delincuencia organizada, supuestamente estructurada para cometer delitos como lavado de activos y defraudación tributaria, en la que están procesadas 11 personas —también con Álvarez y sus hermanos entre los señalados—. Este proceso se encuentra en la fase de instrucción fiscal.
Alarcón explicó que no existe identidad objetiva ni subjetiva entre ambos procedimientos, y que cada uno analiza hechos distintos bajo normas penales diferentes. Por ello, según el fiscal, no se puede afirmar que haya duplicación de investigaciones o doble procesamiento por los mismos hechos.
Rechazo a la acusación de persecución política
Ante las críticas de la defensa de Álvarez y otros sectores que sostienen que los procesos tendrían motivación política, el fiscal negó categóricamente esa versión. Señaló que el avance de Triple A hasta una audiencia de juzgamiento implica que un juez ya evaluó y validó elementos de la investigación, garantizando el debido proceso. En el caso Goleada, explicó que se han realizado allanamientos, vigilancia y seguimiento para reunir elementos de convicción de manera legal.
