De acuerdo con la normativa vigente, los visitantes extranjeros mayores de 12 años deben pagar una tarifa de $200 para ingresar al Parque Nacional Galápagos, mientras que otros grupos como ciudadanos de la Comunidad Andina o residentes en Ecuador pagan valores reducidos.

Este cobro no es un impuesto turístico convencional, sino un tributo de conservación, cuyo objetivo es financiar la protección de la biodiversidad única del archipiélago, así como proyectos de desarrollo sostenible para las comunidades locales.

Las Galápagos son consideradas un laboratorio natural del mundo, hogar de especies emblemáticas como las tortugas gigantes, iguanas marinas y aves endémicas, lo que ha llevado a implementar estrictas regulaciones para controlar el turismo y evitar impactos ambientales.

Además, el ingreso es controlado desde los aeropuertos de Baltra y San Cristóbal, donde autoridades verifican el pago de la tasa antes de permitir el acceso a las áreas protegidas.

Este modelo de turismo regulado ha convertido a Galápagos en uno de los destinos más exclusivos de Sudamérica, donde el acceso limitado y los costos más elevados buscan garantizar la preservación a largo plazo de su ecosistema.

La medida también refleja una tendencia global en destinos ecológicos: cobrar más a turistas internacionales para sostener la conservación y reducir la sobrecarga turística en zonas sensibles.