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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 en Dubái que su administración propondrá una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, como parte de un paquete de medidas destinadas a proteger a los jóvenes frente a contenidos dañinos y abusos en el entorno digital.
Según Sánchez, redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook o X se han convertido en espacios donde se ignoran las leyes y se toleran abusos, desinformación y otros riesgos —por lo que considera necesario implementar una regulación más estricta.
Detalles de la iniciativa
La medida prohibirá el acceso a plataformas de redes sociales a menores de 16 años, con el objetivo de protegerlos de adicción, abuso, pornografía, violencia y manipulación en línea.
Se exigirá a las plataformas que adopten sistemas eficaces de verificación de edad, más allá de simples casillas donde los usuarios declaran su fecha de nacimiento.
La propuesta forma parte de un proyecto de ley que se presentará ante el Parlamento español, y que contempla también responsabilizar legalmente y penalmente a los ejecutivos y plataformas que no retiren contenidos de odio o ilegales.
El plan incluye medidas para criminalizar la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, además de sistemas de trazabilidad como la denominada “huella de odio y polarización”.
Contexto internacional y comparaciones
España se suma a una tendencia global de países que están revisando la regulación del acceso de menores a redes sociales. Por ejemplo, Australia implementó en diciembre de 2025 una prohibición similar para menores de 16 años, obligando a las grandes plataformas a eliminar millones de cuentas de usuarios que incumplen esa edad mínima.
Además, Francia y otros países europeos están considerando o implementando normas parecidas, aunque con diferentes umbrales de edad o condiciones de acceso.
Reacciones y debate
La propuesta ha generado opiniones divididas incluso dentro de las fuerzas políticas españolas. Algunos sectores ven la iniciativa como una protección necesaria para la salud mental y seguridad de los menores, mientras que otros consideran que la medida es compleja de aplicar y puede tener efectos no deseados en libertad de expresión y vigilancia digital.
Expertos en derechos digitales han advertido que la efectividad de prohibir el acceso puede depender fuertemente de la capacidad real de verificación de edad y que sin ello los menores podrían eludir las restricciones.
Próximos pasos
La propuesta será debatida en el Parlamento español en las próximas semanas como parte de una reforma más amplia de la ley de protección de menores en internet. Su éxito dependerá de la negociación política entre partidos y de la capacidad de las plataformas para cumplir con los mecanismos de verificación y control previstos.
