La creciente violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador llevó al Ministerio de Defensa a declarar una emergencia institucional por 60 días, medida que también fue adoptada por la Fuerza Terrestre y la Base Naval de Salinas.
La resolución fue firmada por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, tras analizar la situación de seguridad y las dificultades para realizar procesos de contratación bajo los procedimientos normales, que demandan más tiempo administrativo. La declaratoria permitirá acelerar la adquisición de equipos, logística y servicios necesarios para las operaciones militares.
Según informes de las Fuerzas Armadas citados en la resolución, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se registró un “escenario de violencia inusitada” y una aceleración de los hechos delictivos, lo que generó una presión extraordinaria sobre la capacidad operativa y logística de los militares.
El documento advierte que cualquier retraso en la compra de recursos podría afectar la seguridad pública y el sostenimiento de las operaciones, ya que el incremento de ataques y actividades delictivas ha provocado desgaste del personal, equipos y sistemas logísticos.
Con la emergencia, las Fuerzas Armadas podrán gestionar adquisiciones urgentes de armamento, transporte, comunicaciones, mantenimiento de equipos y fortalecimiento de inteligencia y vigilancia, con el fin de mejorar su capacidad frente a amenazas del crimen organizado.
La medida regirá hasta finales de abril para el Ministerio de Defensa, mientras que en las unidades militares podría extenderse hasta inicios de mayo, dependiendo de las necesidades operativas.
