Este 24 de febrero de 2026, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) expresó su respaldo a la propuesta de flexibilización de la jornada laboral contemplada en el acuerdo MDT-2026-046 del Ministerio del Trabajo, que plantea distintas formas de distribuir las 40 horas semanales de trabajo con el objetivo de hacer más versátil la operación de las empresas.
La iniciativa contempla que los trabajadores y empleadores puedan acordar esquemas de jornadas extendidas, como trabajar cuatro días y descansar tres, o compensar horas adicionales con tiempo libre en lugar de pago extra, buscando adaptarse a las necesidades productivas de cada sector.
En una entrevista, el presidente de la CCG, Miguel Ángel González, destacó que la propuesta es “positiva” porque brinda “mayor versatilidad” para optimizar operaciones empresariales y disminuir tiempos muertos, lo que —según él— puede ayudar a incentivar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo.
González ha apoyado en el pasado iniciativas de contratación laboral flexibles y sostiene que las reglas vigentes son “demasiado rígidas” para las necesidades actuales del mercado laboral ecuatoriano, al limitar la capacidad de organizar horarios de trabajo más adaptativos.
Puntos clave de la propuesta:
Redistribuir las 40 horas semanales en turnos distintos según acuerdos voluntarios entre empleador y trabajador.
Posibilidad de concentrar la jornada en menos días con descansos compensados.
Mayor flexibilidad en horarios de operación para sectores con dinámicas productivas particulares.
En algunos casos, compensar horas extras con tiempo libre adicional en lugar de pago monetario.
Este planteamiento se inserta en un contexto en el que el Gobierno busca dinamizar la economía y generar 160 000 empleos para 2026 mediante reformas y ajustes al mercado laboral. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el empleo adecuado todavía muestra retos, con alrededor de 3,2 millones de personas con empleo formal adecuado.
Sin embargo, sindicatos y organizaciones laborales han rechazado la propuesta, argumentando que podría abrir la puerta a abusos, al no garantizar el pago de horas extras y permitir jornadas extenuantes si no hay controles estrictos. Representantes sindicales advierten que la modificación debe proteger los derechos de los trabajadores para evitar precarización.
Actualmente, la propuesta se encuentra en fase de discusión y socialización antes de una eventual publicación o aplicación formal, por lo que sus efectos y alcance definitivo aún están sujetos a debates en el sector laboral y entre las partes interesadas.
