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Alrededor de 50 empleados de limpieza de una empresa privada que presta servicios de aseo al Hospital Eugenio Espejo —perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP)— se concentraron este lunes a las afueras de este centro médico para exigir el pago de sus salarios atrasados, en medio de pancartas con mensajes como “Queremos nuestros sueldos, no tenemos para el bus” y “Queremos nuestros sueldos, no tenemos ni para la alimentación”.
Las trabajadoras, entre ellas Liliana Calderón, afirmaron que la firma contratista —con matriz en Manabí— no les ha cancelado sus haberes correspondientes desde noviembre de 2023 y que, además, no están al día con su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un derecho laboral básico que debería gestionar el empleador.
Los empleados denunciaron que, pese a habérseles ofrecido que el pago se haría mediante cheques, no aceptan este método por considerarlo poco seguro y no garantizar el ingreso inmediato del dinero. Aun así, dijeron que seguirán cumpliendo con sus tareas diarias mientras se busca una solución.
Gladys Martínez, otra de las trabajadoras, señaló que este es el primer retraso salarial de esta magnitud desde que empezaron a laborar bajo contrato con la empresa actual, que renueva sus contratos cada año en noviembre. Precisó que llevan casi dos meses sin recibir pago alguno por sus labores, que no se limitan solo a la limpieza: también colaboran en el movimiento de pacientes y otros apoyos operativos dentro del hospital.
Las jornadas de los empleados comprenden varios turnos, lo que multiplica la presión sobre familias enteras que dependen de esos ingresos. El salario que perciben, equivalente al salario básico unificado de $482, representa el ingreso principal de estas personas, que ahora se ven imposibilitadas de cubrir necesidades básicas.
Durante la protesta, Rosa Estupiñán, supervisora de limpieza, indicó que existe un compromiso de la empresa de pagar los sueldos atrasados hasta este miércoles, aunque los trabajadores se mantienen escépticos ante la posibilidad de un nuevo retraso.
Este reclamo pone en evidencia tensiones y problemas recurrentes en la contratación de servicios tercerizados en hospitales públicos, donde a menudo se subcontratan tareas esenciales y surgen conflictos laborales relacionados con pagos y derechos fundamentales. Además, estos casos se dan en un contexto más amplio de reducción de presupuestos para hospitalización, limpieza y servicios básicos, situación que afecta al sistema sanitario nacional y al cumplimiento de prestaciones laborales.
