El oficialismo intentará aprobar la segunda propuesta urgente del presidente Daniel Noboa: la Ley de Integridad Pública. En el último informe, que irá la tarde de este 24 de junio a debate, fueron incluidas el fin de semana reformas que modificaron el contenido de la ley.
La última versión del oficialismo causó sorpresa en los otros bloques porque contiene reformas penales para que los menores de edad que cometen delitos sean sancionados hasta con 15 años de cárcel. También la posibilidad de declarar la emergencia en el sistema de justicia para poder nombrar jueces sin los procedimientos normales, así como reformas a la Ley de Tránsito para regular la compra y el funcionamiento de radares.
Esas propuestas hacen que el correísmo se oponga a la ley. «Hay artículos que generan contradicción con otros artículos vigentes y que no piden derogar. Quedarían dos artículos vigentes en contradicción y ahí no sabríamos cuál aplicar. Lo que pasaría es que se volvería inaplicable», comentó Santiago Díaz.
Asambleístas advierten posible inconstitucionalidad
La propuesta original del presidente Daniel Noboa modificaba el sistema de contratación pública. Los artículos sobre ese tema tienen el respaldo de la mayoría en el Legislativo. Por eso, el independiente Cristian Benavides supedita su apoyo a que esos artículos se voten independientemente del resto de la ley.
«Es una mescolanza que, en lo personal, no podría apoyar si es que lastimosamente se lo vota en bloque», dijo Benavides.
Otros asambleístas advierten que de aprobarse la Ley como está, rompe el principio de unidad de materia que la Constitución impone a los proyectos de ley económico urgentes y que, por eso, puede terminar demandada en la Corte Constitucional. Eso no preocupa al oficialismo.
Pachakutik y PSC aún analizan su postura
Bloques como Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) no se han pronunciado sobre la última versión de la ley.
El oficialismo, con sus 69 votos, confía en contar con seis votos de Pachakutik y un grupo de independientes y sumar los 77 votos que necesitan para aprobar la ley.