El Gobierno colombiano publicó el decreto con el que reglamenta el ‘servicio social para la paz’, una alternativa al ‘servicio militar obligatorio’, algo que fue establecido en la Ley 418 de ‘Paz total’ sancionada en 2022 por el presidente Gustavo Petro.
«El Gobierno pone fin a la obligatoriedad del servicio militar y propone a las juventudes una alternativa de Servicio Social para la Paz. Esta es una medida transformadora, estamos cumpliendo a las juventudes y construyendo paz en los territorios de nuestra Colombia», señaló este miércoles la senadora oficialista María José Pizarro en la red social X.
El decreto señala que el ‘servicio social para la paz’ le permitirá a los jóvenes «contribuir activamente a la construcción de una paz estable y duradera en el país a través de diversas modalidades vinculadas estrechamente a la política de paz del Estado y la seguridad humana».
Este aplicará a los jóvenes entre 18 y 24 años e implica, según el documento, que podrán dedicarse a alguna de las once modalidades que ofrece el servicio.
Entre ellas están el enfoque en la diversidad; el reconocimiento del acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron en 2016; las herramientas públicas para la paz; promoción de la cultura y el arte; enfoque en derechos humanos y derecho internacional humanitario; llamado a la reconciliación, y transición energética.
«Desde hoy, miles de jóvenes podrán optar por trabajar para construir la paz en los territorios y las ciudades, a cambio de no prestar el servicio militar. Generaciones de jóvenes comenzarán a poner su talento y energía para acabar la violencia y la guerra en Colombia«, destacó el senador izquierdista Iván Cepeda, que es negociador de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN.
Con la Ley 418 de 2022 el presidente colombiano tiene facultades para negociar con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC, como ya lo está haciendo.
Lo que no podrá hacer el Gobierno es indultar a las personas condenadas por cometer delitos durante las manifestaciones del paro nacional de 2021, que estaba en un artículo del proyecto pero que fue rechazado por el Congreso.
