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El ajuste en el precio de los combustibles tuvo dos hitos clave: la liberación total del precio de la gasolina súper en octubre de 2018, seguida por la eliminación de los subsidios a las gasolinas de octanaje medio (Extra y Ecopaís) mediante un reglamento codificado que estableció un sistema de bandas.
El cierre de esta transición llegó en septiembre de 2025 con el retiro del subsidio al diésel, fijando un precio transitorio de USD 2,80 hasta el 11 de diciembre y, en adelante, estableciendo un mecanismo de estabilización similar al de Extra y Ecopaís. La hoja de ruta incorporó, además, una compensación temporal y focalizada para parte del transporte comercial, a fin de amortiguar el impacto sin diluir las señales de mercado.
El objetivo fue doble: ordenar el gasto público y reducir desvíos, pero también alinear decisiones privadas con costos reales para que el análisis dejase de ser “cuánto pago hoy por galón” para convertirse en “cuál es el costo real de mantener mi vehículo”. Y ese cambio es el que puede abrir la puerta a sustituciones tecnológicas.
De acuerdo con la Estadística de Transporte (ESTRA), publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2024, el 13,49% del parque vehicular matriculado usaba diésel. De ese porcentaje, el 42,27% se concentraba en Pichincha (22,85%) y Guayas (19,42%).
