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Los Gobiernos de Estados Unidos y Ecuador oficializaron un acuerdo para implementar un mecanismo de tercer país seguro, mediante el cual personas extranjeras que soliciten asilo en territorio estadounidense podrán ser trasladadas de forma digna, segura y oportuna hacia Ecuador, donde deberán permanecer hasta que sus casos sean resueltos.
El documento, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), establece que el objetivo es proteger a quienes temen regresar a su país de origen o residencia previa, garantizando que no sean devueltos mientras se analiza su petición. El convenio no incluye el traslado de menores no acompañados ni contempla pagos entre los Estados firmantes.
Además, su aplicación dependerá de la disponibilidad de recursos y la capacidad técnica de ambos países.
Ecuador podría recibir hasta 300 personas al año
La medida prevé que Ecuador reciba hasta 300 solicitantes de asilo por año, según negociaciones adelantadas desde septiembre entre Washington y Quito. El Gobierno ecuatoriano se compromete a garantizar que quienes sean enviados al país no serán retornados a sus naciones de origen hasta que exista una resolución final sobre sus solicitudes.
El texto, que será publicado oficialmente en el Registro Federal de EE.UU. el 17 de noviembre, también indica que Ecuador deberá establecer un procedimiento para determinar el estatus de las personas que abandonen o no continúen su trámite de asilo.
Ambos gobiernos elaborarán protocolos operativos posteriores, que definirán criterios de elegibilidad, procesos de traslado y mecanismos de asistencia bilateral.
Antecedentes y política migratoria
En septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en Quito con el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld, quien adelantó que el acuerdo aplicaría solo para personas refugiadas de determinadas nacionalidades, sin antecedentes delictivos y con buen estado de salud.
Este tipo de convenios no es nuevo: durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos firmó acuerdos similares con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo el último llegó a implementarse. Dicho pacto fue suspendido en 2021 por la administración de Joe Biden tras cuestionamientos sobre la capacidad guatemalteca para acoger solicitantes de asilo.
