El deterioro de la seguridad en Ecuador alcanzó niveles críticos durante 2025, cuando el país escaló 36 posiciones en el Índice de Conflicto de ACLED, ubicándose solo por debajo de territorios en guerra o con conflictos armados internos de alta intensidad como Palestina, Siria, Nigeria, Birmania y México.
La gravedad del escenario se refleja en que el 71 % de la población ecuatoriana estuvo expuesta a la violencia del crimen organizado durante el último año, el porcentaje más alto de la región. En 2025, el país superó las 9 200 muertes violentas, consolidando una tendencia sostenida de deterioro de la seguridad pública.
La concentración de la violencia en las ciudades
La crisis alcanzó un punto sin precedentes al concentrar seis de las diez ciudades más violentas del mundo en territorio ecuatoriano, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que evalúa urbes con más de 300 000 habitantes.
Aunque Puerto Príncipe (Haití) encabeza la lista global, Ecuador domina el “top 10” con:
Babahoyo, segunda ciudad más violenta del mundo, con 166,02 homicidios por cada 100 000 habitantes
Machala, cuarta, con 116,65
Quevedo, quinta, con 109,01
Manabí Centro (Manta y Portoviejo), séptima
Guayaquil, octava
Esmeraldas, décima
Todas superan los 90 homicidios por cada 100 000 habitantes. Además, Santo Domingo ingresó este año al ranking general en el puesto 49, elevando a siete las ciudades ecuatorianas entre las 50 más violentas del planeta.
Este fenómeno de violencia urbana masiva ha generado el desplazamiento interno de al menos 132 000 personas desde 2021 y ha forzado a más del 2 % de la población a abandonar el país en busca de seguridad.
La fragmentación del crimen organizado
El principal motor de la escalada violenta es la disputa territorial entre las bandas Los Lobos y Los Choneros, que compiten por el control del narcotráfico y la minería ilegal de oro. El debilitamiento de Los Choneros tras la extradición de su líder, José Adolfo Macías Villamar, en julio de 2025, abrió un vacío de poder que intensificó los enfrentamientos en provincias como Manabí y Los Ríos.
La situación se agrava por la fragmentación interna de los grupos criminales, como el conflicto entre Los Lobos y su facción Sao Box en El Oro, y por la creciente presencia de grupos armados colombianos, incluidas disidencias de las FARC y escisiones del ELN, como Comuneros del Sur, identificados por el Gobierno como enemigos activos del conflicto armado interno.
La militarización de calles y cárceles, reforzada en 2026, permitió una reducción parcial de muertes violentas en enero de este año, con 759 homicidios, frente a los 823 registrados en enero de 2025. Sin embargo, la cifra sigue siendo superior a la de cualquier otro año previo, lo que evidencia que el país continúa inmerso en una crisis de seguridad estructural.
