Radio
El Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia el presupuesto operativo y un calendario tentativo ante la posibilidad de que los ecuatorianos regresen a las urnas a finales de este 2025 para pronunciarse sobre, al menos, unas diez preguntas de consulta popular y referéndum que alista el gobierno de Daniel Noboa.
El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó hace pocos días en declaraciones al diario Corriere della Sera de Italia, que a finales de año se preguntaría a la población, en un referéndum, si desean que vuelvan al país bases militares como la que hubo en Manta, Manabí.
Aunque oficialmente el Ejecutivo no ha develado en detalle esta iniciativa de democracia directa, extraoficialmente se conoció que se analiza presentar unas diez preguntas, de referéndum y consulta popular.
Ante los anuncios, el Consejo Nacional Electoral está preparándose.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confirmó que las áreas técnicas están trabajando en un presupuesto y calendario tentativo que se adapte a los 90 días para organizar el sufragio.
“El presupuesto dependerá del número de preguntas que proponga el Presidente para la elaboración del anexo, que son los que definen el tamaño de la papeleta, el número de actas que deben llenar (los vocales de las Juntas Receptoras del Voto), el número de personal que se requiere para procesar los votos… Todo dependerá del número de preguntas, para tener certezas de cuánto podría costar el proceso”, detalló Atamaint, que prefirió no adelantar cifras, al ser consultada sobre el tema este 10 de julio de 2025, al concluir con la exposición del informe institucional de rendición de cuentas del 2024.
Aunque, el elector ecuatoriano estará obligado a ir a las urnas para pronunciarse sobre dos preguntas de referéndum que fueron planteadas por Noboa en el 2024 y que requirieron de un trámite en la Asamblea Nacional al tratarse de enmiendas a la Constitución.
Una de ellas es la reforma al artículo 5 de la carta política que actualmente señala: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
El presidente del Gobierno propone que el artículo únicamente diga: “El Ecuador es un territorio de paz” y, de aprobarse en las urnas, se eliminaría el inciso restante.
Esta enmienda se aprobó en la Asamblea Nacional, el 29 de abril de 2025 y se lo remitió a la Corte Constitucional (CC) para que emita su dictamen de constitucionalidad de los considerandos y de la pregunta, antes de que Daniel Noboa firme el decreto ejecutivo en el que convoca al referéndum.
El texto se notificó a la CC el 8 de julio de 2025 y contiene la pregunta: “Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”.
Otra propuesta de reforma a la Constitución es a los artículos 110 y 115, para eliminar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos conocidos como Fondo Partidario Permanente y Fondo de Promoción Electoral.
El proyecto está aún en la Comisión Ocasional de Enmiendas de la Legislatura, pero el plazo para que lo trate el pleno culmina el 27 de julio próximo.
Una vez que el legislativo lo apruebe, volverá a la Corte Constitucional para la calificación de los considerandos y la pregunta.
A estas dos preguntas de referéndum, la administración de Noboa estaría analizando plantear otras de consulta, entre las que no se descarta incluir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El debate al interior del Palacio de Gobierno sería modificar las atribuciones que tiene el CPCCS, como la de elegir a las principales autoridades de control del Estado, para que vuelvan al seno de la Asamblea.
De esta iniciativa hay un precedente. En el 2023, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, propuso en referéndum —que se incluyó en las elecciones seccionales de 2023— para quitarle esta competencia al Consejo de Participación Ciudadana.
Sin embargo, no logró los votos para su aprobación, en medio de una crisis política que afectaba a su gestión.
De llegar a concretarse esta pregunta y el proceso electoral, lo que se estima es que entre marzo o abril del 2026, la Asamblea Nacional pueda designar a las máximas autoridades de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral; los titulares de la Fiscalía General, de la Contraloría General; de la Procuraduría General; de las Superintendencias, entre otras.
El artículo 104 de la norma suprema permite a quien ejerza la Presidencia de la República a disponer al CNE que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes, pero requerirá de dictamen de la Corte Constitucional.
A la par, el artículo 106 determina que el Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión del Ejecutivo, “convocará en el plazo de quince días a referéndum, consulta popular, que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días”.
