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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó este viernes que el arancel del 30% aplicado por el presidente Daniel Noboa a las importaciones colombianas no es una medida de carácter comercial o político tradicional, sino una herramienta coherente con la estrategia de fortalecimiento de la seguridad nacional y el control territorial frente a amenazas del crimen organizado transnacional en la frontera norte.
En declaraciones a Blu Radio (Colombia), Morillo sostuvo que informes de inteligencia que dicen que hay un flujo constante de delincuentes colombianos hacia Ecuador fueron una de las bases para decidir la imposición de la tasa. Según ella, esta decisión busca proteger la soberanía y la seguridad de los ecuatorianos, dado que —según el Gobierno— no existe una reciprocidad efectiva por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y otras economías criminales en zonas fronterizas.
La ministra aclaró que la medida “no es comercial ni política”, y desestimó que haya sido adoptada en respuesta a una publicación del presidente colombiano Gustavo Petro sobre un asunto político interno de Ecuador. Morillo enfatizó que las decisiones del Ejecutivo ecuatoriano se basan en evaluaciones técnicas de riesgo y en la necesidad de proteger a la población, más que en opiniones políticas externas.
Morillo también señaló que el arancel sería revisado únicamente cuando exista un “compromiso real y verificable” por parte de Colombia para implementar operativos conjuntos y mejorar el control territorial, incluyendo intercambio de información y acciones concretas contra organizaciones criminales.
La postura gubernamental ecuatoriana ha generado una respuesta variada en Bogotá, donde autoridades han señalado que sí existe cooperación bilateral en seguridad, con resultados concretos como incautaciones y operativos conjuntos recientes. Además, el gobierno colombiano ha anunciado respuestas a los aranceles ecuatorianos, como la suspensión temporal de exportaciones de energía eléctrica y la imposición de aranceles similares al 30% a ciertos productos ecuatorianos, además de insistir en la importancia del diálogo para evitar mayores daños comerciales y socioeconómicos.
