Las cárceles del país no solo enfrentan problemas de hacinamiento y violencia organizacional, sino que también albergan un mercado ilegal interno controlado por bandas criminales, según el informe Captura carcelaria: la gobernanza criminal en el sistema penitenciario de Ecuador, elaborado para la Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC).

En muchas prisiones ecuatorianas, los bienes y servicios esenciales tienen precios exorbitantes que dificultan la vida de los internos y extienden la presión económica a sus familias. Según el estudio, una botella de aceite o un kilo de harina puede costar hasta $20, mientras que una pastilla de paracetamol se vende entre $3 y $5, frente a menos de medio dólar en el mercado formal.

La higiene y la salud también están mercantilizadas: una toalla sanitaria puede alcanzar valores similares a los de productos alimenticios básicos, lo que convierte necesidades biológicas en bienes de “lujo” dentro de los centros de reclusión.

El estudio destaca que las organizaciones criminales al interior de los penales no solo controlan el acceso a estos productos, sino también servicios básicos como acceso a zonas consideradas “menos violentas” o más seguras. Para ello, las familias deben pagar sumas que pueden rondar los $1 500 por el llamado “sistema de enganche”, que formalmente asegura un pabellón con menor exposición a violencia —aunque la seguridad nunca está garantizada y depende del cumplimiento de cuotas adicionales.

Este fenómeno se enmarca en una crisis carcelaria estructural: las cárceles ecuatorianas han vivido masacres, violencia entre bandas y control informal de pabellones criminales en los últimos años, con enfrentamientos que en algunos casos dejaron cientos de muertos y llevaron al Estado a declarar estados de excepción dentro del sistema penitenciario.

El contexto de hacinamiento, con más del 30 % por encima de su capacidad real en muchas prisiones, ha facilitado la penetración de economías ilícitas dentro de los recintos, donde las bandas delictivas no solo controlan el comercio de bienes al interior, sino que también han convertido a las cárceles en centros logísticos para operaciones criminales fuera de las rejas.

Analistas en seguridad han advertido que este tipo de economías penitenciarias reflejan una penetración profunda del crimen organizado en la vida diaria de los internos, al punto de que la supervivencia física y económica de muchos reos depende de su aceptación de estas lógicas impuestas por estructuras ilegales.