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Las relaciones entre Ecuador y Colombia se encuentran en un punto crítico luego de que ambos gobiernos presentaran versiones contrapuestas sobre la cooperación en seguridad fronteriza, en medio de crecientes preocupaciones por el contrabando, el narcotráfico y la violencia transnacional.
El origen inmediato del conflicto fue la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, alegando que Colombia no ha mostrado “reciprocidad ni acciones firmes” para combatir el narcotráfico, grupos criminales y minería ilegal a lo largo de la frontera.
Ecuador sostiene que sus esfuerzos de seguridad han sido constantes y que la medida es una forma de presionar por una mayor cooperación operacional y recursos para fortalecer la seguridad nacional. Según Quito, los informes de inteligencia muestran un tránsito constante de delincuentes y contrabando desde el lado colombiano que representa un riesgo para la estabilidad ecuatoriana.
Por su parte, Colombia ha rechazado la decisión ecuatoriana, calificando la imposición arancelaria como una medida unilateral y contraria a los mecanismos de integración regional, e insistió en que sí existen esfuerzos conjuntos y operativos coordinados con Ecuador para combatir el crimen organizado. El gobierno colombiano argumenta que los decomisos de grandes cantidades de drogas y las acciones policiales conjuntas son ejemplos de cooperación eficaz.
La Cancillería de Colombia incluso envió una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, solicitando que Quito desista de los aranceles para evitar daños mayores en la relación comercial y proponiendo una reunión bilateral para dialogar sobre soluciones.
La tensión ha generado repercusiones comerciales y logísticas: expertos advierten sobre un impacto negativo en cadenas de suministro y transporte fronterizo, y sectores productivos han manifestado incertidumbre ante el incremento de costos. Asimismo, representantes de ambos gobiernos han abierto canales diplomáticos con la intención de explorar soluciones negociadas, aunque aún no se ha confirmado una fecha concreta para estas reuniones.
Este choque se da en un contexto de importante comercio bilateral entre Ecuador y Colombia y de preocupaciones compartidas sobre la seguridad fronteriza, lo que pone de manifiesto la complejidad de equilibrar políticas de seguridad con intereses económicos y de integración regional.
