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La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron esta madrugada un amplio operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada que involucra a funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
La acción, denominada Caso Jaque, incluyó 23 allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a servidores públicos de la ANT, en lo que se presume es una red interna dedicada al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites administrativos relacionados con licencias de conducir y otros servicios de la entidad.
Entre los detenidos figura el director nacional de la ANT, identificado como Pedro Abril, así como otros ocho funcionarios, todos bajo sospecha de estar vinculados a esta estructura delictiva. Las investigaciones, que se iniciaron en julio de 2025, han reunido indicios significativos sobre el funcionamiento de esta supuesta red criminal.
Durante los allanamientos, los agentes incautaron diversos elementos que servirán como evidencia en el proceso, incluidos teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, documentación, licencias de conducir, joyas y una considerable suma de dinero en efectivo.
Presunta estructura de cobros ilegales
Según la Fiscalía, la organización presuntamente dirigida desde la ANT estaría cobrando entre 150 y 200 dólares por trámites ilegales, incluidos servicios a domicilio y asignación irregular de frecuencias, lo que habría generado perjuicios económicos significativos y configurado un esquema sistemático de corrupción.
Para avanzar en la investigación y desarticular completamente esta red, las autoridades acordaron el cierre temporal de todas las oficinas de la ANT a nivel nacional por 30 días. Durante este período se realizarán auditorías internas, revisión de sistemas informáticos y procesos legales contra los implicados, mientras los servicios serán reorganizados y se implementarán controles más estrictos.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la intervención responde a la necesidad de depurar la institución y garantizar la transparencia en los servicios públicos, enfatizando que las detenciones forman parte del compromiso del Gobierno con el combate a la corrupción en organismos estatales.
