La fiscal Diana Salazar Méndez atraviesa por un momento delicado luego de que el colectivo jurídico Acción Popular la denunciara, ante el Consejo de la Judicatura, por un supuesto plagio del 40% en su tesis de pregrado, por lo que ha solicitado su suspensión y destitución.
Ella se graduó como abogada, en 2005, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y desde esa agrupación se solicitó que se abra un expediente para revocar el título de la funcionaria y se presentaron 170 fojas de respaldo.
Acción Popular presentó, además, otras dos denuncias. Una ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y otra en la Universidad Central para demostrar que existe plagio. Ahora, los integrantes del colectivo esperan que el Pleno del Cpccs les proporcione una respuesta respecto a su pedido para ser recibidos en una audiencia pública a la que también debe acudir Salazar.
Para Ramiro García Falconí, exsubdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la UC y presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, el caso de la tesis de la fiscal debe ser analizado con cuidado. «Hay ahora muchos programas y tecnologías para detectar ese tipo de fenómenos. Mientras no tengamos un informe técnico sobre esto, todo es conjeturas».
Recordó que las tesis ahora son sometidas a programas inteligentes que detecta si hubo copia. Además, cada trabajo es dirigido por un tutor y los contenidos pasan por un par de revisores posteriores.
Frente a las críticas relacionadas a su tesis, Salazar dijo en Twitter que ante las difamaciones que se han permitido difundir, por redes y medios de comunicación, «aclaro a la opinión pública que no son más que nuevos intentos de manchar casos sentenciados y —así— conseguir impunidad».
Polémica con el Consejo de Participación Ciudadana
El presidente del Cpccs, Alembert Vera, informó sobre cómo se ha dado el proceso de recepción de documentos e información oficial para la designación del fiscal general del Estado.
Esto ocurrió un día después de la advertencia de la Fiscalía General, la cual señala que desde el Cpccs se intenta intenta impedir la permanencia de la Diana Salazar. El comunicado señaló que se trata de desacreditar el trabajo desarrollado por la fiscal, «durante la cual se han obtenido grandes resultados contra la criminalidad, evitando que casos como Sobornos, Carrión o Las Torres -por mencionar algunos- queden en la impunidad».
Ante eso, Vera denunció que se ha iniciado un proceso de persecución a la función de participación ciudadana, la única que a través del Estado representa al pueblo a través de elección popular. «Recibimos hoy el inicio de una indagación previa en contra de los siete consejeros, lo cual es totalmente repudiable e innecesario».
Añadió que no era necesario hacer una indagación previa, solo era de pedir la información al Cpccs. «Pedimos a los organismos nacionales e internacionales que permanezcan atentos por la persecución». Presentó un oficio a esa entidad con el compromiso de prestar las facilidades para que se realice una investigación objetiva en relación al concurso de designación de la fiscal.
A su juicio, el desastre fue provocado por la Fiscalía. «No se puede iniciar procesos penales por chismes o tuits promovidos por farsantes». Denunció que el comumicado de Fiscalía es irresponsable.
