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Las primeras desvinculaciones de servidores públicos empezaron a registrarse la tarde del jueves 24 de julio, luego que la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció que 5.000 trabajadores del sector público serán despedidos, como parte de un plan de eficiencia.
Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), confirmó a este Diario que, según la información que disponía, entre las entidades que iniciaron con las notificaciones está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Y que el proceso continuaba la mañana de este viernes 25 de julio en varios ministerios, como Educación, Defensa y Finanzas. El personal que será separado pertenecía a áreas administrativas, indicó el dirigente.
Según la vocera del Gobierno, la medida no aplicará para personal de salud, educación, así como de la Policía, militares y de grupos vulnerables.
Las desvinculaciones se enfocarán en servidores administrativos de entidades del Ejecutivo y del IESS, dijo el jueves, al tiempo de explicar que la separación de funcionarios “tiene una naturaleza y un objetivo que está basado en criterios de eficiencia”.
Sindicatos de trabajadores rechazan la decisión del Gobierno y sostienen que la medida responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del programa de financiamiento que Ecuador mantiene con el multilateral desde mayo de 2024.
Por ello, organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) analizan convocar a protestas en las calles.
La vocera de Carondelet negó categóricamente que los despidos tengan que ver con un pedido del Fondo Monetario.
Existen dudas sobre cómo será el procedimiento para la separación de los 5.000 funcionarios, así como cuál será el impacto económico de la medida.
Este Diario consultó al Ministerio del Trabajo si el grupo de trabajadores será desvinculado por completo y ya no estará en funciones a partir de agosto o si será progresivo en el transcurso de los siguientes meses.
De igual manera, se preguntó a esta cartera de Estado y al Ministerio de Economía y Finanzas qué monto representará la desvinculación de los 5.000 servidores públicos.
Hasta la publicación de esta nota se esperaban las respuestas a las preguntas planteadas a los ministerios.
Para este año se estimaba que el gasto por egreso de personal ascendiera a $ 9.654 millones, lo que representa aproximadamente el 27 % del total del Presupuesto General del Estado prorrogado para 2025, valorado en $ 36.063,02 millones.
