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Aunque la ministra de Economía había señalado a mediados de año que la meta era cerrar 2025 con un déficit fiscal de $3.000 millones, los resultados de la ejecución presupuestaria muestran que esa proyección se quedó corta.
De acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, en los primeros once meses del año el déficit acumulado asciende a $4.289 millones, sin considerar aún los datos de diciembre. Analistas coinciden en que, una vez contabilizado el último mes del año, el faltante fiscal se incrementará inevitablemente.
El déficit fiscal corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado; es decir, el dinero que el Gobierno no logra cubrir para ejecutar el presupuesto anual. Observaciones técnicas realizadas meses atrás ya advertían que el déficit de 2025 superaría los $5.000 millones, previsión que ahora parece confirmarse.
Las cifras oficiales reflejan además un retroceso respecto a la tendencia de reducción observada en años anteriores. En 2023, el déficit alcanzó los $5.789 millones; en 2024 se redujo a $3.107 millones; pero en 2025 vuelve a repuntar y ya bordea los $4.300 millones antes de cerrar el año.
Este escenario fiscal complejo proyecta un 2026 económicamente desafiante, principalmente por el elevado peso del servicio de la deuda. Según el Observatorio de la Política Fiscal, el próximo año el país deberá pagar $4.470 millones en intereses y $8.532 millones en amortizaciones, lo que suma un total de $12.822 millones.
Ese monto representa más del 70 % de los ingresos tributarios estimados. Solo el pago de intereses supera los presupuestos destinados a sectores clave como defensa, educación y salud, y duplica el gasto previsto en bonos y programas de atención social.
Hasta el momento, el Gobierno no ha hecho público un plan claro para enfrentar este panorama fiscal. La estrategia para manejar el elevado déficit y la carga de la deuda en 2026 sigue siendo, por ahora, una incógnita.
