El presidente de la República, Daniel Noboa, reformó este viernes 12 de diciembre las normas de contratación pública en el sector salud, con el objetivo de agilizar los procesos de compra y garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos, insumos y servicios médicos, mediante la emisión del Decreto Ejecutivo n.º 243.
La reforma incorpora un nuevo artículo —el 135-A— al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que establece un catálogo de proveedores más flexible. Esta modificación permitirá que, en caso de incumplimiento del proveedor inicialmente adjudicado, la entidad contratante pueda seleccionar a otro proveedor sin necesidad de repetir un nuevo procedimiento precontractual.
Contratación directa en casos excepcionales
El decreto también contempla que, si no existe una alternativa disponible dentro del catálogo, las entidades del sector salud podrán contratar directamente a un proveedor externo, siempre que este cumpla con los requisitos exigidos para la conformación del catálogo inicial y cuente con un informe técnico que justifique la contratación.
Esta disposición busca reducir los tiempos administrativos que, en procesos anteriores, generaban retrasos en la provisión de medicinas e insumos críticos para la atención de pacientes.
Convocatorias más abiertas
Adicionalmente, la normativa incorpora un nuevo inciso al artículo 134 del reglamento, que amplía el alcance de las convocatorias dentro de los procesos de contratación pública en salud.
“El presente procedimiento podrá convocar a los proveedores que resulten necesarios, siempre que se justifique adecuada y fundamentalmente la necesidad de la contratación, por parte de la entidad contratante”, señala el texto reformado.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, evitar desabastecimientos y asegurar la continuidad de los servicios médicos, especialmente en situaciones donde la demora en los procesos de contratación puede afectar directamente a la población.
El Gobierno sostiene que esta reforma mantiene los principios de control y transparencia, al tiempo que introduce mecanismos más ágiles y eficientes para atender las necesidades urgentes del sector sanitario.
