La estrategia de seguridad del presidente Daniel Noboa continúa centrada en una política de “mano dura” contra el crimen organizado, apoyada en el conflicto armado interno declarado en Ecuador en 2024, que permite la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Como parte de esta ofensiva, el Gobierno implementó recientemente un toque de queda en cuatro provincias —Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas— entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, con el objetivo de frenar la violencia y debilitar a las organizaciones criminales.
La medida incluyó el despliegue de más de 75.000 policías y militares, además de operativos de control, allanamientos y acciones focalizadas contra estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de armas.
Sin embargo, los resultados han generado debate. Aunque el Gobierno reportó cientos de detenciones y decomisos, análisis recientes señalan que el impacto sobre las grandes organizaciones criminales ha sido limitado, ya que muchos de los aprehendidos fueron por incumplir la restricción y no necesariamente por vínculos con delitos graves.
Este escenario ha reavivado cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia, especialmente considerando que Ecuador cerró 2025 como uno de los años más violentos de su historia, con miles de homicidios ligados al crimen organizado.
Pese a las críticas, el Ejecutivo sostiene que estas acciones forman parte de una política sostenida para recuperar el control territorial y golpear las economías criminales, incluso con apoyo internacional en materia de inteligencia y operaciones.
En este contexto, el país continúa bajo un esquema de seguridad excepcional, donde los estados de excepción, los operativos militares y las restricciones como el toque de queda se han convertido en herramientas recurrentes para enfrentar una crisis que aún no muestra señales claras de solución estructural.