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Los desplazamientos del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos durante las últimas dos semanas han encendido una nueva polémica política, marcada por el secretismo, el cambio de decretos oficiales y la falta de notificación al Legislativo, como lo establece la Constitución.
Inicialmente, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 235, en el que se señalaba que cumpliría una gira internacional oficial. Sin embargo, posteriormente este fue derogado y reemplazado por el Decreto 236, en el que se redefinió el viaje, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, como de carácter personal y sin el uso de recursos públicos.
Este cambio generó fuertes críticas, ya que, pese a la modificación del estatus del viaje, no existió notificación formal a la Asamblea Nacional, lo que, según juristas y legisladores, podría constituir una vulneración a los procedimientos constitucionales.
El abogado constitucionalista André Benavides advirtió que el Presidente estaría incurriendo de forma reiterada en el incumplimiento de la norma.
“Cuando el Presidente sale del país, incluso bajo figura de licencia, debe contar con autorización de la Asamblea. De lo contrario, podría configurarse la figura de abandono del cargo”, sostuvo.
Desde la Asamblea, la bancada de la Revolución Ciudadana confirmó que el viaje no fue informado oficialmente, por lo que se analiza un posible proceso de fiscalización política.
“Además de no pedir autorización al Legislativo, tampoco se delegó formalmente la Presidencia a la Vicepresidenta”, cuestionó la asambleísta Liliana Durán.
En contraste, desde el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) minimizaron la controversia y aseguraron que los viajes del Presidente, sean personales u oficiales, terminan generando beneficios para el país en materia de gestión e inversiones.
Nuevas salidas en agenda presidencial
Pese a esta controversia, el presidente Noboa ya tiene definidos nuevos desplazamientos internacionales. Entre el 3 y el 11 de diciembre, realizará una gira que incluye Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega, según información oficial.
El tema mantiene divididas las posturas políticas entre legalidad constitucional y conveniencia diplomática, en un contexto de alta sensibilidad institucional.
