El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la comisión ciudadana encargada del concurso público para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado defendieron la legalidad, transparencia y control social del proceso ante cuestionamientos públicos y demandas que se han planteado desde distintos sectores de la sociedad.
Proceso de selección bajo escrutinio social
El concurso de méritos y oposición iniciado en enero de 2026 tiene como objetivo designar al nuevo fiscal general tras la renuncia de Diana Salazar y está a cargo de una comisión ciudadana de selección integrada por diez personas (cinco representantes de la ciudadanía y cinco delegados institucionales) aprobada por sorteo público.
La fase de postulaciones para ocupar el cargo de fiscal general culmina el 3 de marzo, y hasta ahora se han reportado más de 20 preinscripciones.
Cuestionamientos y defensa del proceso
Organizaciones de la sociedad civil, juristas y algunos sectores políticos han señalado posibles irregularidades o falta de garantías en el concurso, criticando especialmente elementos como criterios de méritos, la composición de la comisión ciudadana o la transparencia del reglamento que rige el proceso.
En respuesta, el CPCCS publicó un comunicado oficial rechazando afirmaciones “especulativas” y reafirmó que el concurso se está desarrollando con estricto apego al ordenamiento jurídico, garantizando la participación ciudadana, control social, transparencia e independencia, tal como lo establece la normativa.
Control social como eje del concurso
El concurso contempla mecanismos de veeduría y escrutinio público, permitiendo que ciudadanos y organizaciones observen y controlen cada etapa —desde la admisibilidad de postulantes hasta la impugnación ciudadana, pruebas de méritos y oposición, y el escrutinio de resultados— con el objetivo de reforzar la legitimidad y confiabilidad del proceso.
El CPCCS también enfrenta acciones legales, como recursos contencioso-administrativos presentados por partidos políticos que cuestionan el reglamento del concurso, argumentando que podría vulnerar principios de transparencia y mérito.
