En un fallo de gran repercusión económica y legal, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes 20 de febrero de 2026 que gran parte de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump son ilegales, al considerar que el mandatario excedió su autoridad al implementarlos sin autorización clara del Congreso estadounidense.
La decisión del máximo tribunal, adoptada por seis votos a favor y tres en contra, se centró en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 —la norma que Trump había invocado para justificar los aranceles— y concluyó que esa legislación no faculta al presidente para imponer gravámenes generales sobre socios comerciales sin aprobación legislativa.
Los aranceles cuestionados, conocidos como “recíprocos”, habían sido aplicados a decenas de países aliados y socios comerciales, lo que generó tensiones en la economía global y elevó costos para empresas y consumidores en mercados internacionales.
El fallo marca un duro revés a una de las piezas centrales de la política económica de Trump, que buscaba utilizar aranceles como herramienta de negociación comercial y política exterior. La Corte subrayó que la poder constitucional para fijar tributos y aranceles pertenece al Congreso, por lo que no puede ser delegada de manera implícita mediante el uso de poderes de emergencia sin una mención expresa en la ley.
Además de invalidar los aranceles actuales, el fallo puede tener implicaciones económicas significativas, incluyendo la posible obligación de reembolsar miles de millones de dólares a empresas y países que pagaron esos gravámenes durante su vigencia. Analistas advierten que el Gobierno estadounidense evaluará alternativas legales para mantener algún nivel de protección comercial, aunque cualquier intento requerirá un proceso legislativo más riguroso.
La sentencia también representa un precedente jurídico importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial, estableciendo que acciones de gran impacto económico requieren autorización explícita del Congreso. Esto podría influir en futuras políticas de comercio exterior y desafíos legales contra decisiones presidenciales que utilicen herramientas similares de emergencia.
