La Corte Nacional de Justicia expresó su rechazo a las amenazas proferidas en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano, luego de que emitiera una sentencia condenatoria por lavado de activos contra el serbio Jezdimir Srdan, cuyo capital ilícito tendría origen en el tráfico de drogas. El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado oficial firmado por el presidente de la Corte, José Suing.
En el documento, la institución subraya que los jueces deben ejercer sus atribuciones libres de injerencias, ya sean internas o externas, y con plena independencia, destacando que la seguridad del magistrado y del personal judicial es una obligación del Estado. La Corte urgió a las autoridades competentes a brindar protección inmediata al magistrado amenazado.
Durante la semana, se conoció que Serrano habría recibido presiones de un alto funcionario de la Judicatura para absolver a Srdan. Según el relato del juez, al no ceder y sentenciar al acusado con base en las pruebas, el procesado reaccionó con una amenaza directa de muerte, simulada con el gesto del dedo índice atravesando su garganta mientras era trasladado a la Cárcel del Encuentro, donde cumple prisión.
A pesar de este riesgo, Serrano afirmó que la Judicatura decidió retirarle su esquema de seguridad, hecho que motivó su decisión de no regresar a su despacho ante el temor por su vida. El caso despierta nuevamente la preocupación por la independencia judicial, la seguridad de los operadores de justicia y la posible infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.
Organismos de justicia y actores políticos han insistido en la necesidad de reforzar medidas de protección a jueces y fiscales que enfrentan procesos relacionados con lavado de activos, narcotráfico y corrupción, en un contexto donde los operadores judiciales se han convertido en blanco de amenazas y atentados.
