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El pleno de la Corte Constitucional confirmó que dos proyectos de ley promovidos por el presidente Daniel Noboa y aprobados por la Asamblea Nacional serán analizados formalmente para determinar si cumplen con los requisitos constitucionales y respetan el marco jurídico del país.
Las normas en cuestión son:
Ley Orgánica de Transparencia Social —conocida también como la Ley de Fundaciones—, cuyo objetivo es establecer mecanismos de supervisión sobre el financiamiento y funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro para prevenir lavado de activos.
Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia —que incluye disposiciones para permitir al Banco del IESS (Biess) vender su cartera de créditos vencidos a otras instituciones financieras para la recuperación de dichos créditos.
Ambas normas fueron enviadas por el Ejecutivo con la calificación de económicas urgentes, un procedimiento que acorta plazos legislativos y limita debates ampliados, y luego aprobadas por el Parlamento antes de ser publicadas en el Registro Oficial.
Demandas de inconstitucionalidad
Las demandas surgieron por presuntas vulneraciones constitucionales, principalmente en cuanto al principio de unidad de materia y la forma en que ciertas disposiciones podrían afectar derechos o marcos normativos existentes. Diversos sectores ciudadanos y organizaciones sociales sostienen que los textos combinan temas distintos dentro de una sola iniciativa o contravienen garantías constitucionales.
Tras verificar que las acciones cumplen con requisitos formales, la Corte Constitucional admitió a trámite estas demandas, que ahora pasarán a etapa de deliberación y eventual audiencia, antes de emitir un fallo sobre su constitucionalidad o no.
Implicaciones institucionales
El análisis de estas leyes por parte de la Corte Constitucional forma parte de un proceso más amplio de control constitucional sobre normas impulsadas en uso de la figura de urgencia económica, mecanismo que ha sido utilizado con frecuencia por el Ejecutivo y genera debate político y jurídico en torno a su alcance y límites.
La decisión de la Corte —que puede confirmar, modificar o incluso anular total o parcialmente las leyes— tendrá efectos vinculantes y puede redefinir temas clave en el ámbito de la regulación del financiamiento social y la gestión de créditos del sistema de seguridad social.
La Corte Constitucional asumirá el estudio de dos leyes impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa bajo la modalidad de urgentes en materia económica, tras admitirse acciones de inconstitucionalidad que cuestionan su adecuación al orden constitucional. La resolución del tribunal en este caso será observada como un referente para futuros usos del mecanismo de urgencia y para la vigencia de marcos normativos sensibles en Ecuador.
