La Contraloría General del Estado informó que, entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de febrero de 2026, elaboró 206 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con posibles irregularidades en gobiernos autónomos descentralizados (GAD) —es decir, prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales— tras auditorías de control fiscal.
Distribución de los informes
De los 206 IRP emitidos:
137 corresponden a municipios (incluyendo varias alcaldías de provincias como Pichincha, El Oro, Azuay y Sucumbíos).
14 a prefecturas provinciales, con mayor número en Napo y Morona Santiago.
55 a gobiernos parroquiales rurales y urbanos en diversas regiones del país.
Qué significa un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal
Un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal es un documento que la Contraloría emite tras detectar, en el marco de auditorías fiscales, hechos que podrían constituir delitos —como irregularidades en contratación pública, ejecución de obras, adquisiciones de bienes o servicios y otros procesos administrativos— y que pueden derivar en investigación penal por parte de la Fiscalía General del Estado, si así se considera pertinente.
Acción futura: Fiscalía
Los informes elaborados por la Contraloría pueden ser remitidos a la Fiscalía General del Estado para que esta evalúe y, de ser el caso, inicie las diligencias correspondientes para investigar posibles delitos penales relacionados con el uso de recursos públicos o la gestión de entidades controladas por los GAD.
