La Contraloría General del Estado detectó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del juez de la Corte Constitucional, Alí Lozada, tras un examen especial que abarcó el periodo entre 2020 y 2025.
El informe concluye que el magistrado no justificó más de $25.700, correspondientes a valores registrados en cuentas bancarias tanto en Ecuador como en el exterior, sin respaldo documental suficiente que permita verificar su origen.
De acuerdo con el organismo de control, las diferencias se concentran en el componente de dinero disponible en entidades financieras, donde se identificaron depósitos y acreditaciones que no pudieron ser sustentados con documentación válida.
En detalle, la Contraloría estableció montos no justificados tanto en cuentas nacionales como en el extranjero, incluyendo valores en pesos chilenos depositados en instituciones financieras fuera del país.
Además, el informe señala que el patrimonio del juez registró un crecimiento significativo durante el periodo analizado. Según sus propias declaraciones, pasó de aproximadamente $460.957 en 2020 a más de $763.267 en 2025, lo que representa un incremento superior a $302.000.
El examen también incluyó el análisis de movimientos financieros, inversiones, bienes y pasivos, así como información de su entorno familiar, con el objetivo de verificar la coherencia entre ingresos y evolución patrimonial.
Como resultado, la Contraloría remitió el informe a la Fiscalía General del Estado, que ahora deberá determinar si existen responsabilidades legales o posibles indicios de irregularidades.
Este caso se suma a otros hallazgos dentro de la Corte Constitucional, donde también se detectaron inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de otro magistrado, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y transparencia en altos cargos del Estado.
El proceso se encuentra en fase de investigación, mientras el país sigue atento a las posibles implicaciones judiciales y políticas que podrían derivarse de este informe.