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La Contraloría General del Estado ordenó una auditoría especial para revisar el proceso de designación de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura y sus suplentes, realizado por el CPCCS en septiembre de 2025.
La auditoría cubre las actividades del CPCCS desde 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025, período en el que se realizó la selección de autoridades de este importante órgano de administración judicial.
Entre las personas auditadas se encuentran:
Andrés Fantoni (presidente del CPCCS actualmente)
Jazmín Enríquez (vicepresidenta)
David Rosero y Johanna Verdezoto (miembros del bloque que eligió a los vocales)
Piedad Cuarán, Nicole Bonifaz y Gonzalo Albán (consejeros con distintos votos en la elección)
Además, la medida incluye a varios asesores confiables que integraron la comisión técnica que apoyó el proceso de designación.
La Contraloría ha solicitado documentación y detalles sobre cada etapa del proceso, desde la recepción de postulaciones hasta las decisiones que condujeron a la elección de Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura y de los otros vocales.
Motivos y contexto
La auditoría se produce en un contexto de controversias políticas y legales alrededor del CPCCS y del proceso de designación de las principales autoridades de control del Estado. Esta actuación de la Contraloría coincide con una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado contra el propio Mario Godoy y otros consejeros, a raíz de denuncias que los vinculan con posibles delitos como delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación en el ejercicio de sus funciones, según denuncias presentadas por sectores políticos opositores en Ecuador.
A su vez, en la Asamblea Nacional diferentes bancadas —incluida la Revolución Ciudadana— han promovido pedidos de juicio político contra varios vocales del CPCCS por su participación en esta elección de autoridades judiciales.
