Por unanimidad, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional avocó conocimiento este jueves 8 de enero de 2026 de la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy.
La sesión fue convocada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, y se desarrolló de manera presencial pasadas las 10:00. La moción fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, quien propuso que el pedido sea remitido a la Unidad Técnica Legislativa para la elaboración del informe técnico correspondiente, el cual deberá ser entregado en un plazo máximo de tres días. La propuesta contó con el respaldo de todos los integrantes del CAL.
Durante el debate, el asambleísta Samuel Célleri respaldó la moción y enfatizó que los procesos de fiscalización deben ejecutarse con transparencia.
“Solo así se fortalecerá la confianza en las instituciones del Estado”, manifestó.
La solicitud de juicio político fue presentada el 29 de diciembre de 2025 por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, quienes acusan a Godoy de un presunto incumplimiento de funciones.
El pedido se sustenta en las alertas emitidas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció supuestas presiones y amenazas a su integridad luego de haber dictado una sentencia por lavado de activos que condenó a diez años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
En caso de que el informe técnico sea favorable y el pedido sea calificado, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN), donde se sustanciará el proceso conforme al procedimiento legislativo vigente.
Cabe recordar que el pasado 5 de enero, Mario Godoy compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional y solicitó ser recibido en la Comisión de Fiscalización para ejercer su derecho a la defensa, frente a los señalamientos relacionados con un supuesto manejo deficiente del Consejo de la Judicatura y presuntas presiones a jueces a través de funcionarios vinculados a la institución.
